Ciudad de México, 6 de mayo de 2026. Vecinos de las colonias Verónica Anzures y Anáhuac mantienen una protesta frente al desarrollo inmobiliario Be Grand Alto Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, para exigir el cumplimiento de una diligencia judicial que, aseguran, ha sido pospuesta pese a existir una suspensión definitiva otorgada por un tribunal federal por posibles afectaciones ambientales y urbanas.
La manifestación inició el 5 de mayo en la intersección de avenida Mariano Escobedo y Laguna de Mayrán, donde entre 35 y 50 personas bloquearon ambos sentidos de la vialidad. Para este 6 de mayo, la movilización continúa con exigencias directas a autoridades judiciales y administrativas, en un contexto de creciente tensión entre residentes y el proyecto inmobiliario.
De acuerdo con los inconformes, la jueza María Elena Lugo del Castillo ha diferido de manera indefinida la inspección judicial ordenada para verificar posibles daños derivados de la Fase 3 del complejo, que contempla la construcción de dos torres con más de mil departamentos. Los manifestantes consideran que esta omisión vulnera el cumplimiento efectivo de una resolución federal.
El conflicto se remonta a marzo de 2026, cuando un tribunal colegiado concedió un amparo a vecinos por posibles impactos negativos en el entorno urbano y ambiental. Sin embargo, persisten desacuerdos sobre la vigencia de la suspensión y la ejecución de medidas de verificación, lo que ha derivado en señalamientos de opacidad institucional.
Los residentes también han cuestionado la actuación del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la alcaldía Miguel Hidalgo, a quienes acusan de no garantizar la transparencia ni el cumplimiento de la normatividad en materia de desarrollo urbano y protección ambiental.
Entre las principales demandas destacan el respeto irrestricto a la suspensión definitiva del amparo, la cancelación total del proyecto por parte de las autoridades locales y ambientales, así como la intervención inmediata de instancias competentes para llevar a cabo la inspección judicial pendiente.
Por su parte, ni la alcaldía Miguel Hidalgo ni las dependencias señaladas han emitido hasta el momento un posicionamiento público actualizado respecto a la protesta o al estado del proceso judicial, de acuerdo con información disponible en sus canales oficiales. La ausencia de claridad institucional ha sido uno de los factores que ha intensificado el descontento vecinal.
Especialistas en desarrollo urbano han señalado que este tipo de conflictos refleja tensiones estructurales entre la expansión inmobiliaria en zonas consolidadas y la capacidad de infraestructura urbana, particularmente en rubros como el suministro de agua, movilidad y servicios públicos, aspectos que han sido reiteradamente señalados por los habitantes como insuficientes.
El caso de Be Grand Alto Polanco se perfila como un nuevo punto de disputa sobre el modelo de crecimiento urbano en la capital, en el que confluyen intereses privados, decisiones judiciales y demandas ciudadanas que exigen mayor rendición de cuentas y cumplimiento normativo.
